La selva de la discordia
Después de meses posponiendo la votación del polémico Código Forestal en Brasil, que debe establecer una base legal para regular la deforestación y la explotación agrónoma en el país, el congreso aprobó el pasado jueves un texto que enfrenta netamente las intenciones del Gobierno con las del poder legislativo. Sólo un diputado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) apoyó la propuesta que venció en la cámara.
En mayo de 2011, el ahora ministro de deportes Aldo Rebelo (Partido Comunista do Brasil) propuso una reforma del código forestal vigente desde 1965 que revisara las limitaciones impuestas a los hacenderos y empresarios respecto a las áreas naturales. Después de que el proyecto base saliera del parlamento y fuera reformado por el Senado, de nuevo la cámara baja votó el jueves el redactado definitivo, al que se oponen frontalmente los ecologistas y que, en su día, fue rechazado por la propia presidenta Dilma Rousseff.
A menos de dos meses de la cumbre de la ONU de sostenibilidad Rio +20 y bajo una enorme presión de las ONG ambientalistas, Dilma debe decidir si veta o no el proyecto del legislativo, decisión que acentuaría la fractura entre la base aliada del gobierno en la cámara (necesaria para la gobernabilidad) y las posiciones de la jefa del Ejecutivo. Muestra de esa división es que sólo el 18% de los votos a favor del proyecto de código forestal fueron de la oposición.
Los puntos más polémicos del nuevo código son tres. En primer lugar, la reducción de las Áreas de Preservación Permanente donde no se puede cultivar en los campos brasileños, hasta ahora equivalentes al 80% y que se reducirían a la mitad. Por otra parte, las franjas protegidas a la vera de los ríos se reducirían de 30 metros a 15 por cada lado.
Y, por último, una amplia amnistía para algunos hacendados que durante las últimas décadas habrían ocupado esas Áreas de Preservación Permanente y serían liberados de pagar indemnizaciones al modificarse la consideración de las mismas.
La fractura en el gobierno refleja también una fractura social entre madereros, por un lado, y ambientalistas, pequeños productores, indígenas y trabajadores sin tierra, por el otro. Greenpeace ha iniciado una fuerte campaña en diferentes países para sensibilizar a la población en contra de un código que cuenta con la votación positiva de la bancada ruralista en el congreso, o sea, del grupo de presión transversal que aglutina a los políticos favorables a la mayor explotación agrónoma en los campos.
El tamaño de la Amazonia, mayor floresta tropical del mundo con unos 6 millones de kilómetros cuadrados (de los cuales 3,5 pertenecen a Brasil) atrae el interés de los ambientalistas de todo el mundo y ha ayudado a que la campaña se disperse por el mundo entero rápidamente gracias a las redes sociales.
“En el momento en que Brasil va a acoger la convención del Río +20, el gobierno quedaría en una situación embarazosa si tuviera que defender la sostenibilidad después de aprobar una ley que representa el mayor retroceso en la historia de la legislación ambiental brasileña”, defiende a ELMUNDO.es la jefa de campaña por la floresta en Brasil, Tatiana Carvalho.
Apoya sus tesis en una carta conjunta emitida por dos de las entidades científicas más importantes del país, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia y la Academia Brasileña de la Ciencia. Carvalho defiende que la aprobación del nuevo Código Forestal supone un riesgo de que entre 20 y 40 millones de hectáreas sean desmatadas en los próximos años.
Por eso, la campaña de Greenpeace Brasil busca el apoyo de 1.400.000 firmas, ya que la ley brasileña recoge que un proyecto de ley puede ser presentado por la población civil si recibe ese apoyo, que equivale al 1% del censo electoral. “Si este código sigue adelante, nuestra lucha no va a tener fin. Río +20 tiene que ser un palco verde y los gobernantes van a defender allí su actuación. Pues bien, nosotros vamos a ocupar ese palco y a hablar de lo que realmente está aconteciendo”.
También desde el Amazonas, donde nació y fue criado, pero desde la otra cara de la moneda, el ingeniero agrónomo Ciro Siqueira defiende el Código Forestal aprobado la pasada semana y hace campaña en contra del veto en su web www.codigoflorestal.com. “Greenpeace lucha por la preservación de las florestas en Brasil sin importarle las consecuencias. La búsqueda desmedida del desmatamiento en la Amazonia tiene como resultado el empeoramiento de las condiciones sociales del pueblo brasileño”, esgrime.
Y achaca el apoyo social de los ambientalistas a “el hecho de que el Código Forestal es una ley eminentemente rural y las personas que apoyan las ONG suelen ser urbanas y no tienen, por tanto, la obligación de cumplir ese mismo código”. “El Cristo Redentor, símbolo de la ciudad de Río, fue construido legalmente en los años 20, pero la alteración del Código Forestal transformó las cimas de los morros en área preservada, con lo cual a la luz de ese código el Cristo Redentor es hoy ilegal”, afirma para insistir en la necesidad de un cambio.
“Proteger la floresta en sí no tiene grandes impactos negativos en la economía. El problema reside en crear una figura que no existe en ningún lugar del mundo que es la obligación de preservación de florestas dentro de inmuebles rurales privados”, argumenta. También asegura que Brasil protege mucho más sus florestas de lo que está dispuesto a hacerlo la Unión Europea.
“Creo que los productores rurales no pueden seguir siendo vistos como los villanos del medioambiente en Brasil”, lanza. Mientras tanto, Dilma decide qué hacer con la llave del futuro del país en cuestiones ambientales, que está en sus manos. Si la gira en contra del código forestal, el enfrentamiento con el poder legislativo puede tornarse insostenible.
Link para o texto original no El Mundo: La selva de la discordia
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